La Junta atiende a unos 300 menores en riesgo o desamparo.

La Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Almería ha atendido a unos 300 menores que se encontraban en situación de riesgo o de desamparo a lo largo de 2005, según explicó a IDEAL el delegado, Luis López.

El responsable político destacó que el año que está a punto de concluir «no es un particularmente especial» en este tema salvo en un punto, «el incremento en atención a menores no acompañados». Se trata de los menores extranjeros que llegan hasta la provincia almeriense en pateras y que vienen sin la compañía de ningún familiar.

«Podemos estar hablando de entre 3 y 5 menores atendidos durante cada semana», detalló López, quien explicó que los casos de los que se han hecho eco los medios de comunicación han sido aquellos en los que se ha dado «una situación espectacular». De este modo, recordó la llegada en el pasado mes de mayo de 27 menores en una única patera o la llegada masiva durante los pasados meses de octubre y de noviembre por la que «nos vimos con los centros de acogida colapsados», rememoró el delegado.

Los menores extranjeros son atendidos por la Administración andaluza en los dos centros de acogida inmediata con los que cuenta en Almería. Uno de ellos se encuentra en Huércal Overa y al mismo acuden los niños más mayores, mientras que al hogar Índalo de Almería lo hacen los extranjeros más pequeños junto con los niños españoles.

El centro de Huércal Overa tenía 20 plazas pero fue remodelado y en la actualidad el número de plazas se ha ampliado hasta las 40. Los especialistas de la Delegación evalúan a su llegada, en el caso de los menores extranjeros, la situación del menor «en todos los aspectos», señaló López.

«Tenemos que ver si tiene familia o no la tiene, intentar buscar a alguien dentro de la familia extensa que lo pueda atender» o, si no cuenta con familia en el país, «hay que darle necesariamente otra alternativa familiar», como el acogimiento familiar o la adopción, aunque ésta opción sólo se ha dado «en dos o tres casos y casi siempre con personas de la misma nacionalidad o de su propia familia».

Perfil niño extranjero

El delegado explicó que el perfil de menor extranjero que llega a la provincia en patera está cambiando en los últimos tiempos. Hace unos años, señaló López, los menores extranjeros «en su mayoría eran varones, con unos 17 años y venían a trabajar». Por el contrario, «últimamente nos están llegando menores más pequeños, de entre 11 y 14 años, cuyas familias saben que no pueden trabajar y que vienen buscando otras posibilidades que no tienen en su país».

Además, muchos de ellos «viene con familia aquí», por lo que «normalmente nos llegan y el mismo día que llega o a los pocos días siguientes encontramos a quienes lo atiendan» en España. Aunque desde la Delegación informan a la Subdelegación del Gobierno de si el menor puede o no ser repatriado, López reconoce que el procedimiento, que tiene que llevar a cabo el Gobierno central, «es muy lento por las garantías necesarias».

Por ello, «prácticamente se da lugar a que tengamos que regularizarlos aquí, porque no podemos tenerlos en situación irregular ni en el Centro de Acogida Inmediata de forma permanente».

Así, incidió López «a la misma vez que decimos si se puede o no repatriar, les damos permisos de residencia, los escolarizamos y les buscamos modos de vida» si se quedan en el sistema normalizado de menores.

Otras intervenciones

Además de atender a los menores extranjeros, desde la Junta se hacen cargo de todos los menores en situación de riesgo o desamparo de la provincia. El conocimiento de esos casos se logra por vías distintas que pasan por los la red de Servicios Sociales Comunitarios, los trabajadores sociales que trabajan en los Centros de Salud, de las Fuerzas de Seguridad o particulares. Si el menor se encuentra en situación de desamparo o abandono, la Junta asume la patria potestad del niño. Otra posibilidad es que desde la Junta asuman la guarda temporal del niño, dependiendo de las circunstancias. Existen casos en los que el menor se encuentra en una situación de riesgo por lo que se decide retirarlo de su familia, a pesar de que no se esté produciendo el desamparo del niño. En ese sentido, se producen casos en los que los propios padres piden ayuda a la Junta porque en un momento determinado no tienen medios o circunstancias para poder hacerse cargo de su hijo. Este proceso de retirada de la familia se hace a través de una competencia propia de la Junta, aunque todas las decisiones que se adoptan son comunicadas a la Fiscalía de Menores y a la propia familia.

Una vez que los niños están a cargo de la Junta, desde la administración intentan «que vuelvan al ámbito familiar» lo antes posible. Los equipos de tratamiento familiar que existen distribuidos por toda la provincia, formados por psicólogos y trabajadores sociales, trabajan con la familia para modificar la situación de riesgo del menor.

Mientras tanto o en el caso de que sea imposible la vuelta con sus padres, se procura que el menor «esté con la familia extensa». De los 300 niños atendidos, unos 80 han sido acogidos por sus familias extensas. Otra parte vive en acogimientos institucionales. Diferentes asociaciones sin ánimo de lucro convenían con la Delegación hacerse cargo de estos menores en pisos, con cinco o seis niños cada uno de ellos, en los que hay monitores y se intenta crear un ambiente familiar. Pero desde la Delegación aseguran que quieren incentivar «el acogimiento familiar» por parte de familias sin relación de parentesco con el menor que deseen hacerse cargo del niño sin intención de adoptalo. En la actualidad, hay 15 menores en esta situación. López explicó que la Delegación ha firmado un convenio con Cruz Roja por el que esta asociación «se va a encargar de divulgar este programa y de buscar familias». «Entendemos que el ámbito natural del menor es la propia familia, cuando es posible, u otra», dijo López, quien afirmó que siempre «se busca el interés del menor».